La crisis migratoria lleva al gobierno de Boric a militarizar la frontera norte de Chile
Chile inició este lunes un despliegue militar en puntos críticos de su frontera norte -con Perú y Bolivia- para aumentar el control del ingreso irregular de personas migrantes que afecta la zona.
«Chile lleva largo tiempo sin hacer lo que debe hacer para tener un buen control», dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá, desde Colchane, epicentro de la crisis migratoria.
«No solo faltaban militares, sino muchas cosas. Faltaba personal, tecnología, instalaciones, facultades legales y faltaba presupuesto», agregó.
El despliegue militar contempla medidas como controles de identidad, registro de equipaje -si existe presunción de delito- y en ciertas circunstancias, disparos de advertencia, como parte de sus atribuciones con el objetivo de disuadir a las personas que cruzan la frontera a través de pasos no habilitados en las fronteras.
La medida fue implementada gracias a un Decreto con Fuerza de Ley que permite el despliegue militar durante 90 días.
Durante este tiempo, el Ejército de Chile contribuirá al refuerzo de los controles policiales que se realizan en las carreteras de las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Tarapacá.
¿Qué dice la ley?
El decreto establece el marco legal bajo el cual los militares pueden actuar y detalla una serie de pasos que regulan su respuesta ante determinadas circunstancias.
Por ejemplo, señala que «antes de recurrir al uso de la fuerza o empleo del arma de fuego, se deben tomar todas las medidas razonables para disuadir a toda persona o grupo de cometer una agresión».
La opción de usar el arma de fuego queda restringida «solo en el caso de enfrentamiento con personas que utilicen o se apresten a utilizar armas letales o que pongan en peligro la vida de otras personas».
Fuera de estas circunstancias la norma señala que el Ejército de Chile deberá emplear medios disuasivos, como desplegar vehículos y personal militar armado en la zona.
«Esta no es una herramienta aislada. Viene con una serie de herramientas legales nuevas, viene con recursos y tecnología nueva, viene con un apoyo a todas las instituciones que trabajan en la frontera», apuntó la ministra del Interior.
Los reclamos en el terreno
Las autoridades de Colchane, una comuna fronteriza en la norteña región de Tarapacá, reclaman que desde hace por lo menos tres años ha aumentado el ingreso de venezolanos a Chile y sostienen que en el último tiempo se ha incrementado la llegada de personas provenientes de países como Colombia, Haití y El Salvador.
Según estimaciones de Javier García, alcalde de la comuna, el país recibe al menos 400 personas indocumentadas al día por la zona fronteriza donde se encuentra el poblado, uno de los cruces más utilizados por los extranjeros para ingresar a Chile.
Quienes logran llegar a Santiago viven en condiciones de hacinamiento o duermen en carpas en improvisados campamentos callejeros.
En los últimos años han muerto decenas de personas a causa de los peligros a los que se exponen cuando cruzan la frontera por rutas clandestinas en el altiplano, una zona que alcanza altas temperaturas en el día y muy bajas por la noche.
Chile sigue siendo uno de los países más atractivos para migrar dentro de América Latina por su estabilidad política y económica en comparación con otras naciones de la región.
En el país viven cerca de 1.500.000 migrantes en situación regular, un 7,5% de la población, según las últimas cifras oficiales difundidas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Departamento de Extranjería y Migración de Chile en octubre del año pasado.