El Gobierno italiano aprobó hoy un decreto ley que endurece las penas a los traficantes de seres humanos en el Mediterráneo, tras el naufragio del 26 de febrero en las costas de Calabria (sur) en el que murieron al menos 72 inmigrantes.
El decreto introduce una nueva tipología de delito, el de «muerte y lesiones por el tráfico de inmigrantes clandestinos» y prevé penas de hasta 30 años de cárcel, explicó en rueda de prensa la primera ministra, Giorgia Meloni, tras el Consejo de Ministros, celebrado en la localidad de Cutro, en cuyas costas se produjo el naufragio.
La tragedia se consumó en la noche del 26 de febrero cuando una barcaza de madera que había zarpado 4 días antes de Turquía se hundió a pocos metros de las costas italianas, dejando al menos 72 muertos, según el balance todavía provisional.