Carta Semanal Braulio Jatar: Quien paga va primero/ Narco- casas en Chile/ Embajador desmentido/Detención Mama Lis/ Universidades e inmigración
El déficit de aprobación del gobierno de Boric, luce ser el responsable de que algunos potenciales candidatos estén “ensillando los caballos a la carrera”.
Bienvenidos a la Carta Semanal de Braulio Jatar Quien paga va primero/ Narco- casas en Chile/ Embajador desmentido/Detención Mama Lis/ Universidades e inmigración
Quien paga va primero
La posible elección presidencial en Venezuela en 2024 ha sido objeto de debate y análisis en los últimos días. El presidente de la encuestadora Consultores 21, un 15% de la población tiene la intención de votar en las primarias, lo que se traduce en 2 millones de personas dispuestas a participar. Además, el 40% de la población afirma que podría participar en unas elecciones presidenciales.
Más recientemente, la cuenta @Datoworld ha presentado una supuesta medición de la misma encuestadora Consultores21, arrojando algunos resultados interesantes sobre las Primarias 2023 en Venezuela.
Según esta encuesta, Henrique Capriles lideraría la intención de voto con un 25%, seguido de María Corina Machado con un 19%, y del comediante Benjamin Rausseo con un 15%. En cuarto lugar se encuentra Manuel Rosales con un 12%, mientras que Juan Guaidó alcanza un 7% de la intención de voto.
“El que paga la encuesta va primero”
Es importante mencionar que, como siempre en las encuestas, los resultados deben ser interpretados con precaución y que hay margen para el error o la influencia de factores externos.
También se ha señalado que el proceso electoral en Venezuela ha sido objeto de críticas en el pasado, y es necesario asegurar la transparencia y la imparcialidad en el proceso electoral para garantizar la legitimidad de los resultados.
Al ser consultada una fuente que ha contratado encuestadora, nos sorprendió cuando afirmó: “El que paga la encuesta…. se convierte en el primero”
Aqui varias encuestas con resultados todos diversos
Alcalde chileno ensillando los caballos
La demolición de las llamadas «narco casas» en la comuna de La Florida, en Chile, ha generado controversia y cuestionamientos acerca de las facultades de los alcaldes para realizar tal acción.
Si bien no tienen una facultad exclusiva para demoler casas de narcotraficantes, el alcalde Rodolfo Carter ha justificado su acción en el artículo 150 de la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC).
Sin embargo, se debe tener en cuenta que existe un proceso establecido en la Ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Según el artículo 45 de esta ley, los bienes raíces, valores mobiliarios y cualquier otro instrumento que haya servido o esté destinado a la comisión de cualquiera de los delitos penados en esta ley pueden ser decomisados.
Además, el artículo 46 establece que los bienes decomisados serán enajenados en subasta pública por la Dirección General del Crédito Prendario, la que podrá ordenar su destrucción si carecen de valor. El producto de la enajenación de los bienes y valores decomisados y los dineros en tal situación ingresarán a un fondo especial del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.
Por lo tanto, es necesario cuestionar si al demoler estas viviendas, el alcalde Carter le está negando al fondo especial del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol un activo que podría ser utilizado conforme a la ley especial.
En definitiva, la interpretación de una norma debe ser racional y coherente, y en este caso, es difícil justificar la aplicación de una ley de urbanismo para una actividad criminal considerada un delito de lesa humanidad.
Es necesario analizar detalladamente las implicaciones legales y éticas de la demolición de estas viviendas y buscar alternativas que respeten el Estado de Derecho y los derechos fundamentales de las personas involucradas en esta problemática.
El déficit de aprobación del gobierno de Boric, luce ser el responsable de que algunos potenciales candidatos estén “ensillando los caballos a la carrera”.
Desmintiendo a Benedetti (nuevamente)
La compañía petrolera colombiana, Ecopetrol, ha emitido un comunicado para desmentir las afirmaciones hechas por el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, sobre una posible intención de la compañía de adquirir la empresa Monómeros.
En una entrevista reciente, Benedetti afirmó que Monómeros estaba en la lista de compras del Estado a través de Ecopetrol, y que la empresa estaba a la espera del nuevo presidente para manifestar sus intenciones de adquirirla.
Sin embargo, en el comunicado emitido por Ecopetrol, la junta directiva de la empresa ha declarado que estas afirmaciones son completamente falsas y que la compañía no ha mantenido conversaciones respecto a posibles transacciones que involucren a Monómeros. La empresa también ha asegurado que esta transacción no forma parte de los propósitos que se ha trazado para los próximos años.
Esta tarde Ecopetrol informó en comunicado que nj siquiera ha adelantado conversaciones de posibles transacciones. Aunque el embajador Benedetti no se caracteriza por la prudencia y, otra vez, haya jugado adelantado, es improbable que el anuncio no lo hubiera autorizado Petro. pic.twitter.com/RjlVOTyGtA
— La Tabla (@latablablog) March 24, 2023
“Ecopetrol S.A. informa que, en relación con pronunciamientos realizados a través de algunos medios sobre una eventual adquisición por parte de Ecopetrol de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A., este Emisor, cuyo actuar se enmarca en la Estrategia 2040 y el plan de negocios anunciado al mercado, no ha adelantado conversaciones respecto a posibles transacciones que involucren a esta compañía”.
Por su parte el expresidente Duque se pronuncia de la siguiente forma:
“Una transacción para comprar Monómeros y poner esos recursos a disposición de la dictadura solo va a perjudicar el valor de Ecopetrol”, indicó el expresidente Duque, quien acto seguido añadió que tiene que haber sanciones efectivas en cadenas de lavado y limitar cada uso de criptomonedas en el vecino país.
Nueva Esparta la retención arbitraria de «mamá lis»
El abogado y defensor de derechos humanos, Gonzalo Himiob Santomé, informó a través de su cuenta de Twitter que Lisbeth Añez, también conocida como «Mamá Lis», ha sido puesta en libertad luego de gestiones realizadas por Pedro Arévalo, coordinador del Foro Penal en Nueva Esparta.
Autoridades de Interpol en Punta de Piedras, Nueva Esparta, estaban siendo acusadas de intentar desconocer una orden de excarcelación dictada en septiembre de 2017 para la activista venezolana. Sin embargo, gracias a las gestiones realizadas por el Foro Penal, Lisbeth Añez ha sido liberada.
Lisbeth Añez es una activista social y defensora de derechos humanos que fue detenida en 2014 por su participación en protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. En septiembre de 2017, se emitió una orden de excarcelación en su favor.
La denuncia de Himiob generó un gran revuelo en las redes sociales y llamó la atención sobre la situación de Lisbeth Añez.
La comunidad internacional seguirá de cerca esta situación y se espera que las autoridades de Interpol tomen medidas necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos y las órdenes de excarcelación dictadas en favor de activistas y opositores políticos en Venezuela.
Universidades Chilenas y los migrantes
El 20 de abril de 2021, se publicó en el Diario Oficial la Ley N.º 21.325, “Ley de Migración y Extranjería”. Entre otros cambios, se eliminó la exclusividad de la Universidad de Chile en la validación de títulos otorgados en el extranjero.
La nueva legislación establece que todas las universidades estatales con al menos 5 años de acreditación pueden reconocer y revalidar títulos y grados académicos obtenidos en el extranjero, así como convalidar actividades curriculares cursadas en instituciones de educación superior extranjeras.
Sin embargo, dos años después, el monopolio en la acreditación de profesionales inmigrantes sigue en manos de la misma universidad. Podemos especular sobre las razones por las que ninguna universidad se ha involucrado en esta ventana legal:
Posibles razones:
Falta de recursos: algunas universidades podrían no contar con recursos humanos y económicos suficientes para llevar a cabo el proceso de reválida y reconocimiento de títulos extranjeros.
Burocracia y lentitud en la implementación: las instituciones educativas podrían enfrentar procesos burocráticos internos que dificultan la aplicación rápida y efectiva de nuevas leyes y regulaciones.
Falta de claridad en la regulación: la ley podría no proporcionar pautas claras y específicas sobre cómo las universidades deben proceder con el reconocimiento y la reválida de títulos extranjeros, lo que podría generar demoras en la implementación.
Resistencia al cambio: algunas universidades podrían ser reacias a cambiar sus prácticas actuales debido a la preferencia por mantener el status quo o preocupaciones sobre la calidad de los títulos extranjeros.
Cooperación entre universidades: podrían existir dificultades para establecer acuerdos y colaboraciones entre las universidades chilenas y las instituciones de educación superior extranjeras, lo que dificulta el proceso de reválida y reconocimiento de títulos.
Conclusión:
Dicho esto, es crucial investigar más a fondo y consultar con expertos en educación y legislación chilena para obtener una respuesta más precisa y detallada sobre la situación actual y las razones detrás de la falta de cumplimiento de la Ley Nº 21.325.
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