Condenan la decisión de la Audiencia Nacional de no extraditar a Hugo Carvajal

Fuente: Descifrado

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) criticó la decisión de la Audiencia Nacional española de rechazar la extradición del ex jefe de la Inteligencia militar de Venezuela Hugo Armando Carvajal a Estados Unidos, que le reclamaba por asociación ilícita y tráfico de estupefacientes y de armas en el contexto de sus relaciones con las FARC colombianas.

El presidente de Veppex, José Antonio Colina, expresó su rechazo e indignación por el fallo del tribunal español, que además puso en libertad a Carvajal. En opinión de Colina, la decisión supone una afrenta para Estados Unidos.

La organización alertó de que la Justicia española ya había mostrado una clara falta de interés a la hora de investigar a una “buena cantidad de corruptos venezolanos que ha viajado a España”. Veppex ha puesto el ejemplo de Alejandro Betancourt López, imputado por el caso de corrupción Derwick.

Con esta nueva decisión judicial, afirmó Colina, España no sólo se convierte en un “santuario para corruptos venezolanos”, sino también para “elementos involucrados en tráfico de drogas”.

En este sentido, pidió a Estados Unidos que aplique todos los mecanismos que le permiten los acuerdos internacionales para impedir que Carvajal quede impune.

Según informan fuentes jurídicas, a la espera de que las razones de fondo se den a conocer este martes en una resolución, el tribunal presidido por Alfonso Guevara acordó tras la deliberación que el chavista no sea entregado a las autoridades estadounidenses y ha ordenado su inmediata puesta en libertad, contra criterio de la Fiscalía, favorable a la extradición.

Carvajal fue detenido en Madrid el pasado mes de abril y enviado a prisión provisional por orden del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ante su elevado riesgo de fuga y dado que había entrado en España con documentación falsa y se negaba a ser extraditado.

En una vista celebrada el pasado 12 de septiembre, este militar chavista con 30 años de carrera alegó ante el tribunal que en Washington no le reclaman por “capturar a un delincuente” o por interés en impartir justicia, sino para conseguir información sobre Nicolás Maduro que permitiera tumbar el Gobierno de Venezuela.

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